El Ayuntamiento de Soria y la Diputación celebran la primera reunión de seguimiento del convenio y se dan de plazo hasta julio para redefinirlo

Las dos instituciones consideran que habrá que modificar los términos del acuerdo, que finalizaba el 31 de marzo y se prorrogará cuatro meses, para garantizar la prestación de un servicio esencial y sensible en todo momento y trabajar simultáneamente en la incorporación de la Junta en esta coordinación entre entidades competentes para mejorar el recurso.


El alcalde de la capital, Carlos Martínez, y el presidente de la Diputación Provincial, Luis Rey, se han reunido esta mañana junto con representantes y técnicos de ambas instituciones para analizar las consecuencias de la última sentencia sobre los bomberos de refuerzo de los parques provinciales y dar una solución inmediata a la situación además de sentar las bases para nuevos acuerdos a medio y largo plazo con la implicación de todas las entidades competentes, incluida, por lo tanto, la Junta de Castilla y León.

Inicialmente, en esta mesa de trabajo se ha acordado establecer una prórroga temporal del convenio actual para garantizar la prestación de un servicio esencial y sensible como es el de extinción de incendios siendo la prioridad de ambas partes no dejar desprotegida ninguna zona de la provincia. En esta reunión se ha establecido julio como mes de finalización de esta prórroga dándose un plazo de tres meses para poder estudiar y analizar la redefinición del convenio actual por el cual el Ayuntamiento de Soria presta a Diputación un servicio de refuerzo y coordinación de sus parques comarcales. Obviamente, el nuevo documento deberá contemplar nuevas condiciones entre ambas partes adaptándose al fallo definitivo judicial. La previsión es recurrir la sentencia con lo que habrá que esperar el fallo final para aclarar todos los puntos del documento.

Por otro lado, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de redefinir el convenio para adaptarse a la nueva situación y dar soluciones, pero también se ha coincidido en la exigencia a medio y largo plazo de que la Junta de Castilla y León se sume a este acuerdo inter-institucional dadas sus competencias en la materia.