Los 'Premios Solidarios ONCE Castilla y León 2015' reconocen la labor de la Junta a través de la Red de Protección a las Familias

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades valora la concesión de este reconocimiento como un respaldo por parte de una entidad tan prestigiosa como la ONCE a la labor que se desarrolla en Castilla y León a través de la Red de Protección a las familias, un instrumento pionero en España al que, desde su puesta en marcha, la Junta ha destinado 300 millones de euros y atiende a unas 150.000 personas al año.

Aunque la Red de Protección fue creada a raíz de un momento de especial intensidad de la crisis, en la actualidad existe el compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de convertirla en instrumento estable y continuado de atención social a través de su incorporación al Estatuto de Autonomía y perfeccionando su funcionamiento con la elaboración de un anteproyecto de Ley.

La Red de Protección a las familias afectadas por la crisis ha obtenido el reconocimiento de los 'Premios Solidarios ONCE Castilla y León' en su edición correspondiente a 2015 en la categoría de Administración Pública.

El premio se concede a la Red de Protección a las familias por dar respuesta integral y personalizada desde los ámbitos de la prevención, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral".

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se valora la concesión de este premio que otorga una entidad tan prestigiosa como la ONCE al suponer un respaldo y un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que desarrolla la Junta de Castilla y León en la protección a las personas que más lo necesitan.

La Red de Protección a las familias afectadas por la crisis es un sistema de protección social de responsabilidad pública, pionero en España, que fue creado en 2013 por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con las entidades locales, para ofrecer una respuesta integral y coordinada a las necesidades de las familias y personas más vulnerables.

Aunque la Red de Protección nació como consecuencia de un momento y de una situación de especial intensidad en la crisis económica, en la actualidad la Junta ha asumido el compromiso de que la Red se convierta en un instrumento habitual y continuado de protección, no sólo en momentos de crisis.

En este sentido, es destacable el compromiso expresado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de incorporar esta Red al Estatuto de Autonomía para convertirla en instrumento estable de protección y atención social, con especial consideración a la infancia, además de elaborar un anteproyecto de Ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la Red de Protección.

De esta forma, la atención inmediata de alimentos básicos y el sistema de atención y apoyo a las familias en riesgo de desahucio pasarán a garantizarse como derechos subjetivos, incorporando además un procedimiento que vincule la atención personal y social con la búsqueda de un empleo para reforzar la inserción sociolaboral, ya que la finalidad última de la Red es contribuir a la plena inclusión social, personal y laboral de las personas.

La Red de Protección, a la que la Junta ha destinado más de 300 millones de euros desde su puesta en marcha, atiende cada año a unas 150.000 personas.

Está formada por 23 programas entre los que destacan la Renta Garantizada de Ciudadanía, el programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, la Red de distribución de alimentos o las ayudas de emergencia.

La Red de Protección es un sistema de responsabilidad pública, creado por la Junta de Castilla y León en colaboración con entidades locales y que cuenta con el apoyo de otras administraciones públicas y entidades privadas, tanto del denominado Tercer Sector, sin ánimo de lucro, como empresas privadas de toda índole, hasta llegar a componer una estructura de unos 300 agentes.

A través de la Red se ofrece en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, atención a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social a través de una actuación coordinada entre los agentes del sistema.