Imputado un rehalero por maltrato animal

El SEPRONA de la Guardia Civil ha imputado a J.A.D.L. de 51 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Durante el pasado mes de octubre, la Guardia Civil tenía conocimiento gracias a la colaboración ciudadana, del hallazgo de dos perros de caza muertos, encontrados en un paraje en La Ribera.

El SEPRONA reconocía el terreno verificando los hechos denunciados localizando los dos animales, de raza podenca cruzada, ejemplares adultos de unos cuarenta y cinco kilogramos de peso. Inspeccionados los cuerpos, a simple vista no se encontraron indicios de muerte por arma de fuego, carecían de heridas, lesiones e indicios de envenenamiento.

Los Agentes abrieron una investigación, llamando poderosamente la atención el hecho de que los animales portaban el microchip en el cuerpo, lo que permitió identificar al propietario.

Las pesquisas siguientes ratificaron que el citado propietario figuraba de alta como rehalero, dedicando sus perros a la práctica de la caza mayor. Que en esas fechas se había llevado a cabo una cacería colectiva en la zona en la cual había participado el ahora imputado con sus perros.

Múltiples gestiones tendentes a verificar la acreditación para realizar tal actividad, permisos, seguros, licencias y autorizaciones, sanidad animal, condiciones de transporte de los canes o características del medio de transporte utilizado. Toda la documentación del núcleo zoológico, enclavado en la provincia de Soria, así como la de los propios canes estaba en regla.

El resultado de la investigación ha permitido conocer que J.A.D.L., en aquella fecha, trasladó su rehala hasta el municipio donde tuvo lugar la cacería. Que los animales fueron encontrados muertos en el interior del remolque, falleciendo durante el viaje por asfixia (por aplastamiento del cuello según consta en el informe veterinario emitido).

Los cuerpos fueron depositados y abandonados en el paraje donde se encontraron más tarde, infringiendo el protocolo establecido para la retirada y depósito de animales muertos, cuya baja no fue notificada.

Las conclusiones finales indican que se transportaban más animales de lo aconsejable para las dimensiones y capacidad del habitáculo destinado a tal fin, por lo que se le imputa un delito de maltrato animal.

Adicionalmente a las diligencias instruidas, que serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero, se han confeccionado diversas denuncias administrativas en materia de Sanidad (abandono de cadáveres) enviadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos.